Martes, 28 Junio 2022

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Inverbras ha gestionado para la ingeniería gaditana Abance (subcontrata de la compañía pública Navantia) su primer visado de asistencia técnica para Australia. De esta manera, continúa aumentando el portfolio de países a los que extender sus servicios de apoyo al personal desplazado. En este caso se ha tratado de un visado para “trabajo temporal- (short stay Activity)” para un trabajador con un nivel de especialización muy alto que le permitirá permanecer en el país por un periodo de hasta seis meses.

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La compañía vasca INGEMAT especializada en soluciones de ingeniería para el sector de automoción ha contratado los servicios de INVERBRAS para gestionar los visados con los que su trabajadores van a poder trasladarse a Brasil donde realizarán labores de asistencia técnica y supervisión para su cliente RENAULT Brasil.

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MAESSA, compañía 100% capital de ACS firmó su primer contrato con la petrolera brasileña PETROBRAS para encargarse del mantenimiento tanto correctivo como preventivo de calderería del centro de producción que la multinacional tiene en Alagoas.

De esta manera se culmina el proyecto de “desarrollo de negocio” que está compañía contrato con INVERBRAS a finales del año pasado con una consecución plena de los objetivos marcados que pasaban por tener firmado el primer contrato en mayo del 2015 reduciendo al mínimo los gastos tanto de inversión como de desarrollo de proyecto.

INVERBRAS propuso PETROBRAS como cliente objetivo dado el profundo conocimiento que tiene del mismo así como por las oportunidades que, a raíz de la operación anticorrupción dentro de la compañía “laba Jato”, se han abierto desde el punto de vista de los proveedores.

El proyecto ha incluido la búsqueda de un socio local fiable con capacidad de aportar las mínimas garantías así como el uso de la figura del consorcio mixto como mejor manera de llevar a cabo el contrato de ejecución.

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Con el término “legalización” se denomina el proceso por el cual un instrumento o documento, normalmente público u oficial, otorgado en un país, puede ser reconocido y tener la misma fuerza probatoria en otro.

Nuestro sistema legislativo acogió el sistema usual de “cadena de firmas”, que es el trámite que hoy en día se utiliza para la legalización de los documentos con aquellos países que no están adheridas a la convención de la Haya.

Así, si se otorga un mandato notarial en Brasil, deberá autentificarse la firma del notario ante el Colegio de Notarios al que pertenece, la de éste ante al Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, y la de éste ante un Cónsul español en ese país.

A la inversa, si un español desea hacer valer en Brasil el grado de licenciado otorgado por una Universidad, deberá legalizar el título en el Ministerio de Educación; la firma del funcionario del Ministerio de Educación debe ser refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la de éste por un Cónsul de Brasil en España.

El sistema de la legalización por cadena de firmas, aparte de engorroso y burocrático, es oneroso tanto en dinero como en tiempo y no se ajusta a las necesidades de las actuales formas de relaciones entre ciudadanos de diversos países. Por eso ya en 1961 se aprobó en La Haya la “Convención que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros”, llamada en forma abreviada “Convención de la Apostilla”, porque sustituye el sistema de cadena de firmas por una sola nota de certificación añadida al documento que se denomina en francés “apostille, expresión que traducida al español ha quedado como “apostilla”

La idea es que todos los países que ratifican o se adhieren a esta Convención se comprometen a reconocer y a entregar esa única certificación para documentos públicos, con un contenido prestablecido de pocos pero esenciales datos, y que es emitida por las autoridades que cada Estado define y comunica al Ministerio de Relaciones Exteriores de Países Bajos (Holanda).

El problema es que no todos los países lo tienen suscrito.

Brasil es uno de ellos.

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